Manuel Adorni dejó la Jefatura de Gabinete, pero no la camioneta oficial. El vehículo que sigue utilizando acumula infracciones millonarias: una investigación de Hugo Alconada Mon e Ignacio Grimaldi, publicada en La Nación, identificó más de 50 faltas por un monto superior a $10 millones, mayormente por exceso de velocidad.

La secuencia porteña agrega un interrogante. El martes 15 de septiembre, el dominio registraba 144 multas por $61 millones. De ellas, 41 correspondían al período posterior a su renuncia, el 27 de junio, y superaban los $8 millones. No todo el historial, por lo tanto, pertenece a su etapa como ex funcionario.

Al día siguiente, esas 144 infracciones dejaron de aparecer en el registro público. La investigación no pudo establecer si se habían pagado o dado de baja. La desaparición del listado no permite afirmar que fueron perdonadas, ni identificar quién habría desembolsado el dinero.

Entre el jueves y el viernes aparecieron cuatro multas porteñas por $1,8 millones. En Provincia seguían registradas 27: ocho posteriores a la salida de Adorni, por $1,3 millones. Son cortes distintos del registro, no cifras que puedan sumarse sin más para calcular una deuda vigente.

El otro eje es la continuidad del beneficio. La Toyota SW4 modelo 2022 pertenece al Instituto Nacional de Promoción Turística, el Inprotur, que la cedió a la Jefatura de Gabinete durante la gestión de Guillermo Francos. Según informó El Día, el permiso fue formalizado en enero de 2025. Casi tres meses después de dejar el cargo, Adorni conserva ese recurso estatal.

El Gobierno vinculó su utilización con la custodia. Seguridad explicó a La Nación que la protección de altos funcionarios y ex funcionarios se mantiene durante seis meses según una evaluación de riesgo. Esa justificación abre una discusión sobre el alcance de la cobertura: quién autoriza los recorridos y cómo se controla el uso del vehículo.

Las notificaciones de las multas llegan al Inprotur, titular de la camioneta. El organismo sostuvo que los gastos corresponden a la Jefatura de Gabinete. Pero esa respuesta administrativa no aclara quién afrontó cada infracción ni qué trámite explica las bajas del registro.

El caso deja una cuenta pendiente de rendición pública. Una cosa es justificar la seguridad de un ex funcionario; otra, explicar el destino y los costos de un bien estatal. Adorni ya no ocupa el despacho, pero sigue trasladándose con un vehículo oficial cuyo historial exige rendir cuentas sobre los pesos gastados.