El Tribunal Oral Federal Nº 2 decidió extender la prisión domiciliaria de Cristina Fernández de Kirchner, quien continuará cumpliendo en su departamento de San José 1111 la condena a seis años de prisión impuesta en la causa Vialidad. La decisión se tomó luego de que la Justicia evaluara el cumplimiento de las condiciones establecidas para la modalidad de detención.

El juez federal Rodrigo Giménez Uriburu sostuvo que la expresidenta “ha cumplido adecuadamente” con el deber de permanencia y con las pautas fijadas respecto de las visitas. La conclusión surgió de los informes elaborados por los organismos encargados de controlar el cumplimiento de la prisión domiciliaria y del monitoreo electrónico.

La Dirección de Asistencia de Personas Bajo Vigilancia Electrónica (DAPVE) y la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal (DCAEP) realizaron controles sobre el cumplimiento de las condiciones impuestas. En su informe trimestral, la DCAEP detalló que efectuó entrevistas domiciliarias de manera aleatoria y señaló que Fernández de Kirchner “respondió a los requerimientos formulados con buena predisposición y mantuvo un trato cordial y respetuoso hacia los profesionales intervinientes”.                       Durante el período analizado, la expresidenta tuvo una única salida autorizada por la Justicia, destinada a una consulta médica. Según el informe, esa salida se desarrolló “sin inconvenientes”. En cuanto a las visitas recibidas en el domicilio, el organismo indicó que se ajustaron a los permisos otorgados por el tribunal y consignó solamente una demora de una visitante, que fue explicada posteriormente.

El control mediante dispositivo electrónico tampoco registró inconvenientes. A su vez, el tribunal evaluó las movilizaciones que se produjeron frente al domicilio de la expresidenta y concluyó que no se registraron comportamientos que “hubieran perturbado la tranquilidad del vecindario” ni quejas formuladas por los vecinos.

En ese marco, Giménez Uriburu concluyó que Cristina Kirchner mantuvo durante el trimestre una conducta compatible con las condiciones de la prisión domiciliaria. “Fernández de Kirchner ha mantenido, durante el trimestre examinado, una conducta de sujeción al control judicial y de observancia de las condiciones establecidas para la ejecución de la pena bajo la modalidad domiciliaria”, sostuvo el magistrado.

El embargo sobre los bienes y el departamento de San José 1111

La extensión de la prisión domiciliaria se conoce después de que el TOF N.º 2 confirmara el embargo preventivo de distintos bienes de Cristina Kirchner y de otros condenados en la causa Vialidad. Entre los inmuebles alcanzados se encuentra el departamento de San José 1111, donde la expresidenta cumple actualmente la condena.

La medida forma parte del proceso destinado a garantizar un eventual decomiso de los bienes equivalente al perjuicio económico determinado en la causa, estimado en alrededor de $685.000 millones. El decomiso busca recuperar para el Estado el monto asociado al daño económico establecido judicialmente.

A ese escenario se sumó recientemente una decisión de la Cámara Federal de Casación Penal, que rechazó dos recursos presentados por Cristina Kirchner y sus hijos, Máximo y Florencia, para intentar frenar el posible decomiso de inmuebles vinculados a las sociedades Los Sauces y Hotesur.

La extensión de la prisión domiciliaria y el embargo que alcanza al departamento de San José 1111 son decisiones diferentes, aunque recaen sobre el mismo inmueble. Mientras la primera se refiere a las condiciones en las que Cristina Kirchner cumple su condena, la segunda tiene carácter patrimonial y busca preservar bienes ante una eventual confiscación vinculada con el perjuicio económico establecido en la causa.

De esta manera, la continuidad de Cristina Kirchner en el departamento no impide que el inmueble permanezca alcanzado por el embargo. La Justicia puede mantener la prisión domiciliaria allí y, al mismo tiempo, disponer medidas sobre el patrimonio que podrían afectar al inmueble en una etapa posterior del proceso.

Los otros departamentos de San José 1111

El edificio donde cumple prisión domiciliaria la expresidenta también quedó bajo la lupa judicial por la compra de un departamento ubicado debajo del suyo. El inmueble fue adquirido por María Soledad Calle, dirigente de La Cámpora vinculada a la Unión Obrera Metalúrgica (UOM).

Según declaró ante la Justicia, la compra tuvo como objetivo que el departamento fuera utilizado por una fundación, aunque su explicación sobre el destino del inmueble quedó bajo análisis en el marco de las actuaciones judiciales.

A su vez, trascendió que el senador nacional peronista Mariano Recalde también es propietario de un departamento en San José 1111. En su caso, se trata de una unidad ubicada en el primer piso del edificio.

MSS/ML